En las últimas semanas se ha comenzado a avanzar en la discusión parlamentaria acerca del desarrollo de una billetera de documentos que centralizaría nuestra identidad civil. A simple vista, es el progreso lógico. Sin embargo, el camino elegido (incluir su desarrollo en un proyecto de ley) plantea una duda fundamental: ¿se puede innovar atando una aplicación a la rigidez de una ley?
En un presente donde la tecnología avanza a velocidades que cuestan seguir, es difícil pensar que el Parlamento sí lo podrá hacer. Al blindar el desarrollo de una aplicación mediante una ley, corremos el riesgo de crear una herramienta que nazca vieja. Si la intención del gobierno es evitar regulaciones que sean una traba para el desarrollo, legislar una app específica es, precisamente, crear la traba definitiva. La innovación necesita libertad y adaptabilidad; la ley, por naturaleza, ofrece permanencia y rigidez.
Por otra parte, una gran ausente en la discusión de esta propuesta es el estado real de la interoperabilidad. Para que esta billetera funcione, debe existir un diálogo fluido y seguro entre actores con sistemas muy diversos: la DNIC para la cédula de identidad, la Corte Electoral para la credencial y el Congreso de Intendentes para la libreta de conducir.
Hoy por hoy, esa interoperabilidad total no parece estar desarrollada al cien por ciento. Legislar la aplicación antes de garantizar la conexión profunda entre estos organismos es como intentar construir el piso 10 de un edificio sin haber terminado los cimientos. La interoperabilidad no se decreta, se construye con presupuesto, estándares técnicos rigurosos y una coordinación que hoy, ante la fragmentación de agencias, parece estar en jaque.
No podemos olvidar que centralizar nuestra identidad es aumentar la superficie de ataque. Tras las filtraciones en la DNIC, el BHU y el Mides (donde quedaron expuestos desde fotos de cédulas hasta datos de vulnerabilidad social), proponer una Súper App sin antes fortalecer los dientes del organismo de contralor (AGESIC) es una apuesta de alto riesgo.
Uruguay no necesita leyes que diseñen aplicaciones, sino que necesita marcos legales que garanticen soberanía y seguridad. Esto permitirá que la técnica evolucione con la libertad necesaria para proteger el derecho a la identidad de sus ciudadanos.