La ambición de posicionar a Uruguay como un Hub Regional de Inteligencia Artificial a través del nuevo Centro Nacional de IA es, sin duda, el camino correcto para nuestra inserción en la economía global. Sin embargo, el reciente giro en la estrategia regulatoria, abandonando la idea de una ley propia inspirada en el modelo europeo para abrazar exclusivamente «estándares internacionales», abre un debate que no podemos eludir.
En sus recientes declaraciones, Bruno Gili, director de Uruguay Innova, ha sido claro: se busca evitar que la regulación se convierta en una «traba» y se apuesta por normas estandarizadas globales, similares o basadas en las ISO, para marcar las pautas. Si bien este enfoque favorece la agilidad comercial y la atracción de empresas tecnológicas, nos obliga a preguntarnos: ¿Quién define esos estándares y a qué intereses responden?
Delegar la ética algorítmica y la protección de datos únicamente a estándares técnicos internacionales puede ser un arma de doble filo. Mientras que para una corporación la eficiencia es la métrica reina, para el Estado uruguayo la prioridad debe ser la transparencia y la equidad de las decisiones que afectan a sus ciudadanos.
Aquí es donde el rol de AGESIC se vuelve crítico, más allá de las limitaciones presupuestales actuales. No necesitamos copiar burocracias ajenas, pero sí necesitamos ejercer nuestra soberanía a través de las herramientas existentes.
El éxito de Uruguay como Hub no debería medirse solo por cuántas empresas se instalan, sino por nuestra capacidad de innovar sin entregar las llaves de nuestra casa digital. Ser un jugador global en IA requiere estándares, sí; pero ser una democracia digital madura requiere una gobernanza soberana que no se compre «llave en mano».